El conflicto de Sánchez con Argelia dispara las alarmas en la UE que se ve obligada a salir al rescate

Forzar un movimiento por parte de la Unión Europea en defensa de los pactos firmados entre España y Argelia obligando así a Argel a negociar bajo el paraguas de la política comercial común. Ese es el objetivo principal del viaje que este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, realizará a Bruselas. Se reunirá con el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la política comercial de la UE, Valdis Domborvskis.

Tanto en el corazón de Europa como en la mayoría de cancillerías hay preocupación por el resultado final que esta crisis diplomática, generada por Pedro Sánchez, pueda tener sobre los mercados comunitarios. Un aumento del coste del gas que Argel suministra a España -cuando está a punto de producirse una revisión del contrato-, en plena escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania, generaría un problema para la economía de los Estados miembros. Más aún, si la respuesta argelina llega en forma de corte del suministro hacia a España -una opción que nadie se atreve a descartar- y que rompería por completo los mercados.

Sin saber cómo afrontar la solución desde España, pese a ser los generadores del conflicto al reconocer la postura marroquí respecto al Sáhara, el jefe de la diplomacia española viaja a la capital europea para pedir ayuda al Ejecutivo comunitario. Para ello, Albares ha cancelado un viaje previsto a los Estados Unidos, en el que iba a participar en una cumbre a la que Joe Biden invitó personalmente a España, para reclamar a Europa que interceda y haga de mediador en un conflicto diplomático -pero con tintes económicos- que desde Moncloa intentan minimizar. En el entorno de Sánchez, este jueves, incluso negaban que se estuviera produciendo una crisis.

Pero la realidad es otra. Y bien distinta. Tras un cambio de posición unilateral por parte de Sánchez en materia de política exterior, reconociendo la postura marroquí respecto al Sáhara, Argelia ha decidido congelar el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que firmaron hace dos décadas ambos países. Es su respuesta a su «injustificado» apoyo al citado plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aunque fuentes gubernamentales afirman haberlo hecho todo bien. Con esa premisa, Albares, este viernes, defenderá el papel de España en todo este embrollo. E intentará evitar las reprimendas de otros estados miembros que miran con recelo el papel que ha jugado Sánchez en un conflicto que afecta al conjunto de la UE.

La congelación de estas relaciones, a priori, no debe tener más afectación que la relación entre gobiernos. Pero siendo Argelia uno de los principales proveedores de gas de nuestro país, y a la espera de una revisión del contrato en las próximas semanas, podría subir el precio que pagamos por el combustible. De ser así, de rebote, la decisión del Gobierno argelino causaría un problema de primer orden para España -que se vería agravado aún más si Argelia decide cortar el suministro- y para el mercado común europeo -ya bastante afectado por la guerra de Ucrania y las sanciones que limitan la compra del gas a Rusia-.

De ahí que Sánchez y Albares se aprovechen del papel de Europa para meter presión a Argelia. Ayer mismo, Nabila Massrali, portavoz oficial de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, reclamaba al Gobierno argelino que “dé marcha atrás” en la decisión de suspender el tratado de amistad que mantenían ambos países desde hace 20 años. Desde el Ejecutivo comunitario consideraron que la decisión de Argel es “extremadamente preocupante”. Por eso, dijo Massrali, “pedimos a las autoridades argelinas que reconsideren su decisión”.

Es de esperar, pues, que tras la reunión de Albares con Domborvskis se produzca un comunicado por parte de la Comisión Europea que advierta a Argel sobre las consecuencias que sus actos pueden tener. Aunque ello no rebaje la preocupación que hay en los despachos de las principales cancillerías europeas con el asunto. Pese a que España, por boca de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, ya ha amenazado a Argelia con ir a los tribunales si incumplen los acuerdos, lo cierto es que la resolución judicial podría tardar años con los precios del suministro de una energía básica desbocados.

La afectación que la suspensión del convenio firmado por España y Argelia en 2002 puede tener sobre el conjunto de la UE, por el alza de los precios de los suministros, es el mayor salvavidas del Gobierno de cara a solucionar un conflicto diplomático que creó el mismo jefe del Ejecutivo el pasado mes de marzo. Fue entonces, por sorpresa de todos, cuando decidió reconocer el plan de Marruecos sobre el Sáhara con el fin de descongelar las relaciones con Rabat y lograr una serie de contrapartidas que el gobierno marroquí ha dejado en papel mojado.